• Propone CANADEVI creación de mesa de trabajo para coadyuvar en la materialización de la Política Nacional de Suelo a nivel estatal y federal
• Desorden urbano obliga a los municipios a proveer servicios básicos a un costo hasta 8 veces superior sin la posibilidad de cobrar impuestos
• Pronto se presentarán los primeros proyectos para coordinar y concertar entre sectores público, privado y social

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2020.- El día de ayer, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, CANADEVI, celebró su 5º Consejo Directivo con la participación del director general del Insttituo Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), Dr. José Alfonso Iracheta Carroll, quien dialogó con los desarrolladores de vivienda sobre la Política Nacional de Suelo (PNS) y el trabajo que propone desarrollar de la mano con el sector vivienda.

“El suelo es el insumo primario para el sector vivienda, así como lo es para muchas otras actividades industriales y, por lo mismo, año con año las entidades municipales se enfrentan al desafío de gestionar los diferentes intereses que confluyen en el uso del territorio, donde el derecho a la vivienda, a la ciudad y al trabajo se encuentran”, señaló Gonzalo Méndez Dávalos, presidente nacional de CANADEVI.

Durante su participación, el director general del INSUS presentó la Política Nacional de Suelo, sus principios y retos estratégicos donde se destacó que, a partir de la década de 1980, las presiones del crecimiento urbano aumentó el uso de predios irregulares, con un aproximado actual de 7 a 7.5 millones, por lo que se calcula que de 25 a 30 millones de mexicanos viven en condiciones irregulares y año con año se suman 90 mil familias, lo que ha generado un rezago histórico y una afectación al mercado formal y comentó que: “hoy lo que vemos es que la informalidad, la irregularidad, se ha vuelto el “nuevo normal”, dentro de lo paradoja que esto presenta”.

“La Política Nacional de Suelo es una política transversal que hace viable todas las que están relacionadas con el territorio, como puede ser la de vivienda, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, lo que es evidente en la periferia de nuestras ciudades”, señaló José Alfonso Iracheta Carroll, director general del INSUS.

El Dr. Iracheta Caroll, también dio respuesta a las preguntas de los desarrolladores de vivienda y comentó que el Programa Nacional de Gestión del Suelo permitirá adelantarse a la problemática actual del territorio, trabajando con todos los agentes que participan en la toma de decisiones y anunció que pronto se dará inicio a los primeros proyectos donde se seguirá este modelo. Asimismo, afirmó que se busca sentar a los actores relevantes para articular estrategias entre los grandes propietarios del suelo, como son los ejidos, para ponerlos de acuerdo con el Estado y la iniciativa privada, con el objetivo de que sea un negocio adecuado para todas las partes pero, sobre todo, para la ciudad y sus habitantes.

“En México no hemos desarrollado un modelo que garantice el acceso a vivienda social a las familias que lo necesitan sin poner en riesgo la viabilidad financiera de un proyecto. Mientras que en América Latina hay sistemas que garantizan el acceso a vivienda social, con casos de éxito en Colombia y Brasil, en nuestro país estamos impulsando un modelo mixto que promueva un crecimiento orgánico, con diferentes tipologías de vivienda para diferentes estratos económicos, con espacio para equipamientos, servicios públicos, infraestructura y actividad económica que resulten en comunidades integradas. De acuerdo con diferentes estudios, éste ofrece mayor viabilidad financiera”, agregó Iracheta Carroll.

Según el capítulo 3 de la Política Nacional de Suelo Sustentable, “Ocupación del suelo urbano en México: magnitud y consecuencias”, la mayor parte de las familias que acceden a suelo irregular lo hacen, principalmente, por necesidad o falta de alternativos y lo consideran, mantienen y enriquecen a lo largo de su ciclo de vida como un patrimonio familiar. Por ello, los afiliados de CANADEVI consideran que la presentación de la PNS marca un hito en materia de desarrollo urbano y propusieron formar una mesa de trabajo para hacer realidad la PNS en todo el territorio nacional.

“Desde nuestra experiencia, aquellos municipios que cuentan con un Plan de Desarrollo Urbano logran articular, en forma más exitosa, las políticas federales, estatales y municipales, a la vez que sientan las bases para atender los retos y aprovechar las oportunidades que el desarrollo urbano conlleva, por lo que es sumamente importante trabajar en la actualización de los Polígonos de Desarrollo Urbano, para que la PNS sea una vía para el desarrollo nacional integral que medie la gran necesidad de vivienda que los polos urbanos presentan y que, al mismo tiempo, sirva para diseñar herramientas que nos permitan seguir desarrollando vivienda social intraurbana”, agregó.

A este respecto, el Dr. Iracheta Carroll comentó que el INSUS está colaborando con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en la creación de la nueva metodología para los PDU para que sea más sencilla, sin perder las características técnicas relevantes y sea viable para la mayor parte de los municipios que al día de hoy no pueden financiar o hacer uso de los instrumentos actuales por ser demasiado complejos, destacando que se está impulsando la identificación de dónde no debe de urbanizarse el suelo para empezar por identificar lo que debe preservarse.

Para concluir, Iracheta Carroll explicó que se está trabajando con las asociaciones de catastros y de registros públicos nacionales para establecer mecanismos que permitan resolver el rezago y las carencias actuales. Entre las propuestas existentes, hay una que le parece adecuada al proponer una plataforma nacional a la cual podrán tener acceso los municipios y estados, prácticamente sin costo, a las herramientas tecnológicas para actualizar la información territorial, de esta forma se manejaría un sistema único interconectado entre las entidades estatales.

De acuerdo con el INSUS, el desorden urbano obliga a los municipios a proveer servicios básicos a un valor hasta 8 veces más alto, sin la posibilidad de recuperar costos al cobrar impuestos. Esta cifra representa unos 968 mil millones de pesos, lo que equivale al 5.4% del PIB (532 mmdp para urbanizar y llevar los servicios básicos a la ciudadanía; 85 mmdp para regularizar el trámite administrativo, el trabajo técnico, operativo, etc.; entre otros aspectos); lo que representa una pérdida anual para los municipios de, cuando menos, 11 mil millones por año, los cuales se ven obligados a entregar servicios municipales no planeados. El sector vivienda es una industria de contribución tanto a nivel social como económico. Cuenta con un gran impacto en el bienestar de los ciudadanos que buscan satisfacer su necesidad habitacional con una vivienda nueva adecuada, con lo cual favorece la reducción de la brecha de la desigualdad para construir un México más justo y equitativo.